Actualmente, las universidades se encuentran en una nueva etapa de transición, como resultado de una serie de tendencias internacionales: la democratización y la masificación de la educación superior; el estilo del crecimiento económico, en el cual el conocimiento desplaza al trabajo físico como factor de producción relevante; la globalización, que ha transformado la educación en una actividad empresarial; y el aumento de la competencia, que presiona a las universidades a disputarse los alumnos. A estas tendencias, se debe agregar las facilidades que brindan las redes telemáticas al accionar de las instituciones de educación superior, lo cual no solo contribuye a la enseñanza, sino que también ha permitido la expansión y proliferación de programas de educación a distancia (online), en muchos casos, de dudosa calidad.
El contexto descrito ha determinado que la mayoría de los países haya emprendido acciones destinadas a evaluar y garantizar la calidad de la educación impartida en los programas tradicionales y por los sistemas innovadores. De este modo, la acreditación se ha convertido en el método más usado en el mundo para el aseguramiento de la calidad. En general, si una institución es acreditada, se supone que sus objetivos, en términos de lo que entiende la comunidad de educación superior, son apropiados. Asimismo, garantiza que la institución posee recursos, físicos, humanos y financieros, para cumplir estos objetivos. Además, debe haber alcanzado ya ciertos objetivos y la comunidad educativa debe tener la certeza de que continuará cumpliendo con ellos.
El proceso que conduce a la acreditación de las universidades y/o de sus programas suele presentar diversos matices, y puede obtenerse de agencias privadas o de entidades reguladas por el Gobierno. Por ejemplo, en los Estados Unidos opera un sistema de aseguramiento de la calidad desde fines del siglo XIX. Allí, existen decenas de agencias que se orientan a garantizar estándares mínimos de calidad; mientras que en Europa se ha puesto énfasis en mecanismos de acreditación más rigurosos, que definan estándares y requisitos comparables entre países para facilitar, así, la movilidad de los egresados de sus universidades y el reconocimiento continental de sus respectivas profesiones.
En América Latina, se han creado sistemas de acreditación nacional desde inicios de la década de 1990. En la mayoría de los casos, se trata de sistemas impulsados por actos de Gobierno con mayor o menor participación de la comunidad académica en la discusión. Todos ellos operan con el objetivo del mejoramiento de la educación superior, aunque no siempre son de carácter obligatorio. La mayoría de los sistemas trabajan sobre estándares básicos y solo dos sistemas en Colombia y Méjico sobre óptimos de calidad.
En el Perú, diversas universidades han desarrollado procesos voluntarios de acreditación con entidades internacionales, por ejemplo la UPC, ha logrado una acreditación internacional
El único antecedente en materia gubernamental es la Comisión para la Acreditación de Facultades de Medicina (CAFME), creada en 1999 para brindar acreditaciones a las facultades de medicina del país. Este panorama cambió el 23 de mayo de 2006, cuando se publicó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), Ley Nº 28740, para garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. Este sistema se inspira en los modelos de acreditación de los demás países de la región.
Cabe mencionar que el ámbito de acción del SINEACE no solo se limita a la educación universitaria, sino que también abarca instituciones de educación básica, técnico productiva y superior no universitaria. La ley ha sido concebida para asegurar estándares básicos de calidad. De este modo, el SINEACE ha sido definido como el conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación con el fin de asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones educativas y promover su desarrollo cualitativo.
Para el mejoramiento de la calidad educativa, la ley ha previsto la evaluación, la acreditación y la certificación.
Al margen de las buenas intenciones, un primer inconveniente es que la ley no parte de un diagnóstico sobre las necesidades de la educación superior en el siglo XXI ni plantea explícitamente las competencias, es decir, los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben generar las universidades en los profesionales de la sociedad del conocimiento: integridad; liderazgo; trabajo en equipo; aprendizaje permanente; desarrollo autónomo; sensibilidad social; espíritu emprendedor; comprensión de diversas culturas; capacidad de comunicación con diferentes audiencias; destreza en la solución de problemas; pensamiento reflexivo, analítico y crítico; capacidad para buscar, procesar y asimilar información; creatividad e innovación en la producción de conocimiento y en el desarrollo de tecnología; por mencionar algunas.
Además, se debe considerar que, si bien los criterios, indicadores y estándares para la evaluación y acreditación de las universidades serán propuestos por el órgano operador del SINEACE en materia de educación superior, es decir, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU); la ley carece de los principios básicos que deberían inspirar el accionar de este organismo: la formación integral, la investigación y las actividades de proyección.
Además, se debe considerar que, si bien los criterios, indicadores y estándares para la evaluación y acreditación de las universidades serán propuestos por el órgano operador del SINEACE en materia de educación superior, es decir, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU); la ley carece de los principios básicos que deberían inspirar el accionar de este organismo: la formación integral, la investigación y las actividades de proyección.
Es necesario reconocer que la investigación universitaria se desarrolla con más éxito en el contexto de los postgrados; sin embargo, en países como el Perú, se requieren mecanismos que, sin afectar la enseñanza, incentiven la investigación pura y la creación de conocimientos socialmente significativos desde el pregrado; propuesta que ni siquiera es considerada en la Ley del SINEACE.
A mi opinión es algo inconcebible que un Instituto Tecnológico como TECSUP, que forma profesionales de prestigio no puedan realizar una Maestría afín a su carrera, y si lo puedan hacer en países Europeos, porque incluso TECSUP ha logrado acreditar una de sus carreras en Europa. Este tema es muy preocupante, y de seguro es por efectos de la Ley de Educación que no es Global, está particionada. Es ilógico que en un país como el nuestro, donde nuestra realidad exige mas personal operativo, técnico solo en la actualidad estén estudiando aproximadamente 400 mil estudiantes en el Nivel Tecnológico y que tengamos 600 mil estudiantes universitarios que muchas veces no tienen oportunidad de acceder a un puesto de trabajo.
Otro de los grandes ausentes en el marco legal desarrollado es la responsabilidad social universitaria, plasmada generalmente en actividades de proyección social y de extensión del conocimiento aplicado al público no universitario.
Es necesario anotar que actualmente no se debaten los problemas estructurales que afectan a la educación superior en el Perú. El primero, es la carencia de un vínculo adecuado entre la educación secundaria y superior. El segundo, también relacionado con el anterior, y presente sobre todo en el ámbito de la educación privada, es la edad prematura a la cual los jóvenes inician estudios superiores en el Perú, lo cual determina que el desarrollo intelectual del estudiante universitario promedio no facilite procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos durante los primeros años de estudios. El tercero, la imposibilidad de que anualmente miles de jóvenes, con demostrado potencial, accedan a una educación superior de calidad, por las barreras económicas que no se pueden superar por la falta de esquemas de financiamiento e incentivos legales para la generación de fondos de becas desde el sector privado.
Como consecuencia de la globalización y del papel histórico que han desempeñado las instituciones de educación superior, actualmente, la sociedad demanda de las universidades internacionalización, formación integral, preparación de élites, responsabilidad social, investigación de calidad y extensión del conocimiento. Por ello, la educación universitaria que requiere el Perú del siglo XXI exige no solo la mejora de la Ley del SINEACE y la configuración de un adecuado reglamento, sino también la superación de los problemas estructurales que limitan todo el potencial de las instituciones de educación superior para insertar a sus egresados en la economía global.
MAESTRISTA: SILVA MATTA, MARIA VICTORIA
DOCENCIA UNIVERSITARIA
SISTEMAS DE INFORMACION APLICADA A LA EDUCACION
21/01/2010
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